Los Derechos Humanos y la Participación Ciudadana



Es muy importante reconocer que  los derechos humanos de segunda generación, aquellos que tiene que ver con los derechos civiles y  políticos,  sientan las bases para el desarrollo de la participación ciudadana hoy en día. Los derechos políticos permiten no solo diseñar un sistema de partidos que basa su organización en la representación política que reviste y da contenido a la representación popular, sino que permite el andamiaje político para darle seguimiento, a través de la participación ciudadana, a las acciones del gobierno en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. Gracias a estos derechos, la Ciudad de México ha consolidado su particular sistema de representación política desde las modificaciones constitucionales de 1996, que lograron cambiar la estructura jurídico-política del Distrito Federal como un resultado más de la transición democrática del país y de la ciudad.[1]
La representación de nuestro sistema político no puede ser valorada sin la crítica que hace la participación ciudadana cuando considera que no siempre nuestros representantes cumplen con su papel de enlace entre el gobierno y los problemas precisos de una porción de la población. La ciudadanía reivindica su participación para cuidar los derechos e intereses particulares, por eso, se participa para corregir los defectos de la representación política que supone la democracia, e influir en las decisiones de quienes nos representan. Como dice Merino: “La representación es un término insuficiente para darle vida a la democracia”[2]
Por esta razón, el significado de la participación ciudadana no termina con emitir nuestros votos buscando únicamente la representación de nuestros intereses, sino que consiste también en responder como ciudadanos a la acción de nuestros representantes, a sus convocatorias, errores, omisiones y al seguimiento de sus propuestas.
Por otro lado, está el hecho de que la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal incentiva el involucramiento de una ciudadanía coordinada por representantes ciudadanos cercanos a la comunidad. Esta Ley busca dotar a la sociedad de mecanismos y espacios que conduzcan a la consecución de mejoras en la comunidad, fortaleciendo con ello una cultura participativa y de corresponsabilidad, elementos imprescindibles para el florecimiento de la cultura de la participación ciudadana en el marco de los derechos civiles y políticos llamados en algunos textos como derechos de primera generación.


[1] Para mayor información sobre el proceso de transición democrática en México, confrontar: Woldenberg, José. La Transición Democrática en México, S/F y S/E, fotocopias, 9 pp.
[2] Merino, Mauricio. La Participación Ciudadana en la Democracia. Cuadernos de Divulgación  de la Cultura Democrática  4. IFE, México,  http: www/ife.org.mx/documentos/DECEYEC/la_particiacion_ciudadana-en-la_htm (1of36)

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