La justicia del derecho indígena desde el pluralismo jurídico



Existen posiciones teóricas en la Teoría General del Derecho que cuestionan el papel de la juridicidad en el estado moderno. Podemos comprender la función y papel de la validez y eficacia del derecho que fundamenta la juridicidad de la Ley del Estado no es la única que brinda juridicidad a otros sistemas normativos. Tenemos la idea de que se puede desarrollar la idea de que existe una “juridicidad plural” o una “pluralidad juridizante” que valide normas de múltiples y variados sistemas jurídicos paralelos al sistema estatal. No podemos hablar aquí que se esté justificando las normas de grupos como los narcotraficantes o grupos terroristas. Más bien, pensando en la fundamentación de los derechos indígenas deben ser otros los centros generadores de producción jurídica través de medios también normativos pero no convencionales; concebidos desde la acciones de sujetos sociales. La nueva fuente jurídica debe encontrarse vinculada a relaciones sociales que planteen resolver necesidades fundamentales e inherentes al modo de vida material y cultural adecuados al desarrollo humano.

Debe ser un esquema que se apoye en las acciones de grupos asociativos y organizaciones comunitarias, fuente primaria que se refiera ya no a voluntades basadas en la soberanía delegada contractualmente a un órgano de representación popular, jurisdiccional o a la Teoría General del Derecho; sino a una soberanía remitida a voluntades colectivas organizadas que vengan de prácticas sociales y que den cuerpo e instrumento a sus intereses, necesidades y exigencias. Esta fórmala tendría la capacidad de instituir nuevos derechos no reconocidos en la legislaciones estatales.
Debemos insistir en la tesis de que el derecho formalmente válido por la norma fundante prevista en los órganos del estado, solamente es una especie de derecho que se encuentra dentro del género Derecho.

Carlos Wolkmer fundamenta el valor de validez de nuevos derechos en necesidades e intereses sociales históricos en donde emerge una nueva concepción de juridicidad que no se identifica en lo absoluto con los derechos estatales y la típica dogmática jurídica. Estos nuevos derechos refieren a las necesidades de subsistencia, educación, salud, empleo, dignidad de la persona y solidaridad. Una perspectiva teórica de esta naturaleza, plantea el reto de resignificar la justicia desde prácticas sociales envueltas en la idea del bien común. La eficacia de estas nuevas reglas o derechos comunitarios radica en la existencia de múltiples cuerpos intermedios que existen en la sociedad, como aquellas asambleas indígenas confederadas ya en algunas regiones del país, como es el caso concreto de las Juntas Zapatistas de Buen Gobierno.

Ha sido y es en esencia la situación de carencias, precariedad, exclusión y pobreza la razón principal que motiva y fundamenta la posibilidad de nuevos derechos. La novedad de estos derechos no radica únicamente en los diversos tipos de norma que satisfagan problemas sociales, sino en el modo de obtención que ya no pasa por las vías tradicionales, en el hecho de que provienen de procesos de lucha social para el reconocimiento, por parte del estado, de una incorporación al sistema legal de las normas creadas a través de la movilización que reivindica las demandas sociales.

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